La Comisión Europea ha anunciado que retirará su propuesta de Reglamento sobre privacidad electrónica en los próximos seis meses.
Mélanie Defoort - Responsable de Asuntos Legales y Cumplimiento / RSC - Valiuz
La Comisión Europea ha anunciado que retirará su propuesta de Reglamento sobre la Privacidad Electrónica, fechada el 10 de enero de 2017, de su programa de trabajo para 2025 en los próximos seis meses. Esta es una noticia a la vez positiva y negativa.
Las razones para retirar esta propuesta son: «No se prevé ningún acuerdo ni se espera ningún acuerdo entre los colegisladores. Además, la propuesta está desfasada en relación con la legislación reciente, tanto en el ámbito tecnológico como en el legislativo».
Se trata, en primer lugar, de una buena noticia, ya que este texto, que pretendía sustituir el marco establecido en 2002 por la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, cristalizó divergencias entre los Estados miembros y las propias instituciones europeas, pero también entre los actores de la publicidad digital.
A modo de ilustración, un punto emblemático y muy criticado de este texto preveía, con el fin de aumentar la protección de la privacidad de las personas y combatir la “fatiga de las cookies”, la recogida de un único consentimiento a la publicidad en línea a través de los navegadores. Suficiente para poner de cabeza a todo el ecosistema publicitario, dado que el mercado de navegadores está dominado por Google...
Pero la retirada de este texto también es una mala noticia, porque si bien las instituciones no parecen haber renunciado a modificar la Directiva ePrivacy en su apartado relativo a la publicidad digital, sí parecen haber renunciado a legislar mediante derecho duro, lo que no obstante es una garantía de respeto a los procesos democráticos.
En los últimos años hemos asistido a múltiples intentos de regular el sector de la publicidad digital mediante instrumentos del llamado “soft law”, ciertamente más flexibles, pero cuyo carácter restrictivo es cada vez más frecuente.
Así, para superar el bloqueo de la normativa ePrivacy, las instituciones y autoridades europeas han llevado a cabo diversos estudios y consultas (iniciativa «Cookie promise» que dio lugar a la publicación de buenas prácticas en la recogida del consentimiento; Digital Fairness Fitness Check, etc.) y han publicado directrices (Directrices del CEPD 2/2023 sobre el alcance técnico del artículo 5 (3) de la Directiva ePrivacy, Dictamen del CEPD 2/2024 sobre el modelo «Pay or consent», etc.).
La culminación de este trabajo fue el anuncio, el pasado mes de octubre, de la preparación de una “Ley de equidad digital” destinada a modernizar diversos textos relativos a la protección de los consumidores (Directiva sobre prácticas comerciales desleales, Directiva sobre cláusulas abusivas, Directiva sobre derechos de los consumidores). Este proyecto, que se espera que se discuta en 2026, debe abordar en particular los “patrones oscuros”, el diseño adictivo, el marketing de influencia y la focalización en personas vulnerables.
Si bien hay que acoger con satisfacción el esfuerzo realizado para adaptar las normas obsoletas a un mercado en rápida evolución y responder a las expectativas legítimas de los consumidores, se deplora el riesgo que supone una acumulación de textos abiertos a diferentes interpretaciones entre los Estados miembros.
La Comisión Europea ha situado su trabajo para 2025 bajo el lema de la simplificación. Sin embargo, el futuro de la regulación de la publicidad en línea sigue siendo incierto. Es fundamental que las instituciones y autoridades competentes logren construir un marco claro, estable y armonizado, que concilie los intereses económicos y el derecho fundamental a la privacidad, a fin de evitar la fragmentación del mercado y una protección desigual de los consumidores.
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